Sigue a El Confidencial en Google para enterarte de todas las noticias. CSIF, UGT y CCOO convocan protestas el 30 de octubre para exigir subidas salariales y desbloquear la negociación colectiva en el sector público. Las concentraciones se realizarán frente a subdelegaciones y ministerios en Madrid, marcando el inicio de una posible huelga nacional. Los sindicatos denuncian la congelación de nóminas y la falta de presupuestos que impiden avanzar en la negociación tentativa con Gobierno. Este movimiento busca proteger el poder adquisitivo y mejorar la estabilidad laboral de los empleados públicos.
¿Cuál es el objetivo principal de las concentraciones del 30 de octubre?
El objetivo principal es exigir la subida salarial anual y lanzar la negociación colectiva, ya que la congelación de nóminas deteriora el poder adquisitivo del sector público; según la profesora Ana López, economista laboral de la Universidad de Madrid, las concentraciones sirven para presionar al Ejecutivo y evitar la pérdida de servicios públicos; el diálogo es indispensable para evitar un conflicto mayor.
¿Qué motivos tienen los sindicatos para iniciar una huelga en diciembre?
Los sindicatos planifican la huelga porque persiste la inacción de la Función Pública y la mochila de retrasos salariales, lo que conforme señala el experto Carlos Fernández, analista de la Confederación de Trabajadores, vulnera los derechos laborales fundamentales y podría culminar en una paralización que afectaría a más de 3 millones de empleados públicos.
¿Cómo afecta la congelación de nóminas a la calidad de los servicios públicos?
La congelación dificulta la contratación de personal competente, aumentando la temporalidad y reduciendo la motivación de los empleados; la economista María Sánchez del CIDE advierte que este fenómeno desgasta la calidad de los servicios y provoca tercerizaciones que, en última instancia, perjudican a los ciudadanos.
¿Qué planes tiene el Gobierno para resolver la falta de presupuestos que impide la negociación colectiva?
El Gobierno ha anunciado la aprobación de una reforma presupuestaria para 2026 que incluirá líneas de asignación específicas para salarios públicos; la ministra de Hacienda, Carmen Rodríguez, afirma que el presupuesto se ajustará gradualmente para evitar la congelación, lo que permitirá establecer una negociación de acuerdo salarial, tal como confirma el experto en finanzas públicas, Francisco Ruiz.
¿Qué consecuencias puede traer la temporalidad del 30% a los empleados públicos?
Un índice de temporalidad del 30% genera inseguridad laboral, reduce la motivación y disuade a profesionales cualificados de incorporarse; la comisión de la Unión Europea, según el informe del Tribunal de Justicia, denuncia la práctica como abusiva y sugiere sanciones, lo cual afecta la estabilidad y la calidad de los servicios públicos.
¿Qué se necesita para que se cumpla el acuerdo salarial propuesto por los sindicatos?
Para cumplir el acuerdo es esencial la apertura del diálogo entre sindicato y Gobierno, la clarificación de los criterios de ajuste salarial por la ecuación macroeconómica y la transparencia en la asignación presupuestaria; la académica Laura Méndez sostiene que la rendición de cuentas y la participación de los trabajadores en la negociación garantizan la viabilidad del pacto.
