Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Madrid, implementadas para cumplir con normativas europeas contra la contaminación, han desatado una profunda desigualdad social. La prohibición de circular a vehículos sin etiqueta de la DGT afecta de manera desproporcionada a miles de trabajadores y residentes de la periferia, para quienes su vehículo antiguo es su única herramienta de trabajo o medio de transporte. Para muchos, la disyuntiva es cruel: pagar multas de 200 euros cada vez que entran a la capital o renunciar a sus ingresos, un escenario que expertos califican como un «apartheid de la movilidad» que profundiza la vulnerabilidad económica.
¿Qué son las ZBE y por qué afectan a tantos madrileños?
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas urbanas donde se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes, generalmente los sin etiqueta ambiental de la DGT (los más antiguos). En Madrid, la medida afecta a unos 300.000 vehículos, según asociaciones como Dvuelta, muchos de ellos de residentes en municipios de la periferia (Coslada, Móstoles, Fuenlabrada) que dependen de su coche o furgoneta para trabajar. La investigadora Eva Alonso Epelde (BC3) señala que, si bien la medida es necesaria para el medioambiente, su ejecución sin políticas compensatorias adecuadas abre una «brecha en la movilidad» que impacta en el empleo y la economía de los más vulnerables.
¿Cuál es el impacto económico para los trabajadores ambulantes?
Para los vendedores ambulantes, el impacto es directo y severo. Según la Asociación de Comerciantes de Venta Ambulante (ACOAM), cerca de 2.000 de los 4.000 afiliados tienen vehículos sin etiqueta. Su dilema es trabajar en los mercadillos de Madrid capital y pagar multas (unas 800 euros mensuales en promedio, según declararon a Telemadrid) o no trabajar y perder su principal fuente de ingresos. Un trabajador entrevistado explicó: «El sábado y el domingo son los dos mejores días que tengo. Si los pierdo, me puedo ir a casa». Esta situación de «pagar multas o no tener sueldo» es calificada por ACOAM como «insostenible».
¿Qué soluciones se proponen para paliar la desigualdad generada por las ZBE?
Los expertos coinciden en que las ZBE deben ir acompañadas de políticas de «transición justa». Eva Alonso Epelde (BC3) insiste en que el acceso al transporte está vinculado a la igualdad, el trabajo y la educación, por lo que se necesitan ayudas directas para renovar vehículos, subsidios de transporte público para grupos vulnerables o planes de movilidad alternativa. Asociaciones como ACOAM exigen moratorias ampliadas y soluciones específicas para profesionales que usan su vehículo como herramienta de trabajo. El estudio de BC3 y OTEA estima que entre 350.000 y 550.000 hogares en España están en «vulnerabilidad aguda» por el coste del transporte, lo que subraya la magnitud del problema.
¿Te interesa este tema? 🔥 Descubre el producto ideal para ti aquí 👉 Ver más
¿Todos los vehículos sin etiqueta están prohibidos en Madrid?
No, existe una excepción clave: los vehículos sin etiqueta que estén empadronados en el propio municipio de Madrid pueden circular dentro de la ciudad sin ser multados, gracias a sucesivas moratorias aprobadas por el Ayuntamiento. Sin embargo, los residentes en municipios de la periferia (como Coslada, Getafe o Alcobendas) sí están vetados desde la entrada en vigor de la ZBE de Madrid. Esta distinción crea una barrera geográfica y económica: los que viven en la periferia pero trabajan en la capital (como bomberos, taxistas o ambulantes) son los más perjudicados, ya que su vehículo, aunque legal en su localidad, no les permite acceder a su lugar de trabajo. Desde 2027, salvo nueva moratoria, tampoco los madrileños con coches sin etiqueta podrán circular.
¿Cómo justifica el Ayuntamiento esta medida a pesar de sus efectos sociales?
El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Almeida, argumenta que las ZBE son un mandato de la Unión Europea para reducir la contaminación y mejorar la salud pública, y que la capital ya es de las ciudades más flexibles de España en plazos y exenciones (como la moratoria para vecinos empadronados). Defienden que la medida afecta a un porcentaje pequeño del total de vehículos y que la solución a largo plazo pasa por la electrificación y la mejora del transporte público. Sin embargo, críticos como la asociación Dvuelta señalan que el coste económico para los afectados es enorme (miles de millones en multas y renovaciones forzosas) y que la administración no está providing alternativas reales para quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo.
¿Hay datos concretos sobre el número de personas afectadas en la Comunidad de Madrid?
Sí. Según cálculos de asociaciones como Dvuelta, cerca de 300.000 vehículos sin etiqueta circulaban habitualmente en el área metropolitana de Madrid antes de la ZBE. El estudio del Basque Centre for Climate Change (BC3) y el Observatorio de la Transición Energética (OTEA) amplía la escala: en toda España, entre 350.000 y 550.000 hogares (1,3 a 1,8 millones de personas) están en situación de «vulnerabilidad aguda» por el coste del transporte, y otros dos millones de hogares destinan más del 10% de sus ingresos a moverse. En el caso específico de los vendedores ambulantes, ACOAM cifra en 2.000 (la mitad del colectivo) los que tienen vehículos sin distintivo y ven amenazado su sustento directo por la prohibición.
¿Te gustó el artículo? 💡 Completa la experiencia con este producto relacionado 👉 Descúbrelo aquí
