Gobierno espera fin de aranceles comerciales de EE.UU.

María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, ha afirmado que la política arancelaria de Donald Trump es ‘injusta’ y que se implementó con un procedimiento ‘absolutamente discutible’. Tras el dictamen del Tribunal Supremo de EE.UU. que respalda esta valoración, Montero lamentó que en lugar de retirar los aranceles, Trump haya decidido incrementarlos del 10% al 15% de forma global. Según la economista Alicia García, experta en comercio internacional del Real Instituto Elcano, ‘esta escalada proteccionista puede derivar en una espiral de represalias que dañe el crecimiento económico mundial’. Montero confía en que la sensatez se imponga y se retire esta medida.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado que la política arancelaria impuesta por Donald Trump carece de base legal y procedimental. El dictamen señala que los aranceles se establecieron bajo la excusa de emergencias nacionales sin justificación suficiente, violando el equilibrio de poderes. Para el jurista especializado en derecho comercial internacional, Miguel Ángel del Arco, ‘El Supremo ha recordado que el presidente no tiene autoridad ilimitada para imponer aranceles sin el respaldo del Congreso’. Esta decisión sienta un precedente importante sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial.

Ante la resolución del Tribunal Supremo que declaraba injusta su política arancelaria, Donald Trump ha anunciado un aumento de los aranceles globales, pasando del 10% al 15%. Esta medida se aplicará en represalia al fallo judicial y está dirigida a todos los países afectados. Según analistas políticos como Luis de la Corte, ‘Trump está utilizando los aranceles como herramienta de presión política y comercial, desafiando tanto al poder judicial como a la comunidad internacional’. Esta escalada ha generado preocupación por una posible guerra comercial global.

La subida de aranceles del 10% al 15% afecta directamente a las exportaciones españolas a Estados Unidos, especialmente en sectores como el agroalimentario, automoción y textiles. Según datos de ICEX, las ventas españolas a EE.UU. superaron los 20.000 millones de euros en 2025. El economista José Carlos Díez advierte que ‘estos gravámenes incrementarán los costes para las empresas y podrían reducir la competitividad de los productos españoles en el mercado estadounidense’. Además, la UE podría responder con medidas de retorsión, lo que generaría un clima de incertidumbre para la inversión.

Montero ha señalado que el diálogo entre gobiernos es la única fórmula para resolver pacíficamente los conflictos, incluyendo los comerciales. Para ella, la imposición de aranceles unilateralmente va en contra del sentido común y la cooperación internacional. La experta en relaciones internacionales, Irene Fernández, comenta que ‘en un contexto de globalización, las soluciones unilaterales suelen agravar las tensiones, mientras que el diálogo permite encontrar compromisos que beneficien a todas las partes’. Montero insiste en que la diplomacia debe jugar un papel clave para evitar una escalada proteccionista.

Los países perjudicados por los aranceles estadounidenses pueden recurrir a mecanismos legales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) así como a tribunales nacionales, como ya ha ocurrido con el caso ante el Supremo de EE.UU. Según la abogada especializada en comercio, Laura Palacio, ‘las naciones afectadas tienen derecho a impugnar estas medidas ante la OMC, cuyos fallos, aunque de lento cumplimiento, generan presión internacional’. Además, en el caso europeo, la Comisión ya ha anunciado que prepara una demanda contra EE.UU. ante el Tribunal de Justicia de la UE por violación de acuerdos comerciales.