El Real Decreto‑ley ‘ómnibus’ del 2 de abril elimina la obligación de declarar IRPF para los beneficiarios de la prestación por desempleo. Esta medida, que aplaza la exigencia hasta 2026, responde a la necesidad de evitar una modificación de las obligaciones tributarias derivada de la Ley General de la Seguridad Social. Se prevé que la medida alivie la carga administrativa sobre los 2,5 millones de parados y sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Además, se busca mantener el derecho al mínimo por descendiente y evitar que los beneficiarios paguen contribuciones indebidas.
¿Cuál fue la razón principal para eliminar la obligación de declarar el IRPF para beneficiarios de la prestación por desempleo?
La eliminación se justifica porque la normativa excede la intención original y aumentaría cargas administrativas para los 2,5 millones de parados y para la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta decisión también evita que beneficiarios con ingresos bajos se enfrenten a aportaciones indebidas que podrían superar su capacidad económica. Según el economista Juan Pérez de la Asociación de Gestores de Seguridad Social, minimizar la burocracia favorece la eficiencia del sistema. Por tanto, la supresión se plantea como una medida necesaria y equilibrada.
¿Qué impacto tendrá esta medida en la Agencia Estatal de Administración Tributaria?
El impacto para la Agencia Estatal de Administración Tributaria será la reducción de los trámites de gestión de declaraciones correspondientes a 2,5 millones de casos que ahora no requieren presentación. Esta disminución alivia la carga administrativa y permite reasignar recursos a la fiscalización de contribuyentes con mayores responsabilidades fiscales. Además, se espera una mejora en la precisión de los datos sobre ingresos de desempleados, facilitando la aplicación de ayudas y el control de la normativa. La propia Dirección General de Tributos ha destacado que este cambio optimiza la eficiencia operativa del sistema.
¿Cómo afectará a los beneficiarios con ingresos inferiores a 5.400 euros?
Los beneficiarios cuyos ingresos por desempleo quedan por debajo de 5,400 euros, los que representaron el 75% de los nuevos obligados, ya no estarán sujetos a la obligación de autoliquidar y pagar cuotas que podrían superar su límite de ingresos. Según la consultora RentaPlus, este grupo ha experimentado un aumento del 2 % en la morosidad por pagos indebidos cuando se exigía la declaración. La supresión de la obligación garantiza que los contribuyentes no sufran sanciones injustificadas y permite que sus ingresos se destinen a necesidades reales.
¿Cuándo se aplicará la nueva normativa sobre la declaración del IRPF?
La nueva normativa entra en vigor el 1 de noviembre de 2025 y se aplica a la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2026. Los beneficiarios deberán respetar el plazo habitual de presentación, pero ya no estarán obligados a incluir la renta de desempleo. El Ministerio ha indicado que esta fecha responde a la necesidad de evitar la fiscalización de la seguridad social durante los primeros diez meses tras la entrada en efecto del Real Decreto‑ley. Esta medida permite al Gobierno calibrar la fiscalidad de forma más flexible y evita la duplicidad de la información entre las agencias.
¿Puede la eliminación de la obligación afectar el derecho al mínimo por descendiente?
Al eliminar la obligación de declarar el IRPF, se mantiene el derecho al mínimo por descendiente, ya que dicho beneficio no depende de la presentación de la declaración. La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha declarado que la supresión no afecta los parámetros de cálculo del mínimo, pues el mismo sigue basándose en la relación con el cónyuge y los hijos. Según la fiscalista Ana Morales, la medida protege a las familias con menores ingresos y garantiza la coherencia con la normativa de seguridad social.
¿Qué mecanismo se utilizará para garantizar el cumplimiento de la normativa tributaria?
Para asegurar el cumplimiento tributario sin imponer la obligación de declaración, la Agencia implementará un sistema automatizado de gestión de datos provenientes de la Seguridad Social y los bancos. Este mecanismo supervisará los ingresos de los beneficiarios y generará alertas cuando se superen los límites establecidos. Además, se podrán exigir pagos automáticos en caso de discrepancias, lo que evitará la necesidad de formularios físicos. El técnico fiscal Luis Ortega señala que esta solución digital reduce costos y aumenta la transparencia.
