El pasado mes de diciembre, la figura del presidente de la Diputación de Lugo y líder del PSOE en la provincia, José Tomé, quedó bajo el microscopio por cuatro denuncias de acoso sexual presentadas a través del canal interno del partido. Las acusaciones detallan tocamientos, mensajes obscenos y ofertas de empleo a cambio de favores sexuales, y se insinúa un patrón de conducta reiterado. Este caso se suma a la crisis que el PSOE enfrenta tras la controversia de Paco Salazar, generando un debate intenso sobre la gestión de las denuncias en el partido.
¿Cuáles son las acusaciones principales que se hacen contra José Tomé?
Las denuncias detallan que José Tomé habría realizado tocamientos no consentidos, enviado mensajes obscenos y ofrecido puestos laborales a cambio de favores sexuales. En el canal interno del partido, una denunciante recita experiencias de acoso persistente, mientras otra describe llamadas subidas de tono y una supuesta “cultura de impunidad”. El portavoz de la organización acusa al líder de violar la confianza institucional y señala que se trata de un patrón reiterado de conducta sexual abusiva. La denuncia llega justo cuando el PSOE ya afronta la crisis del caso Salazar.
¿Cómo ha reaccionado la dirección del PSOE de Galicia ante las denuncias?
El secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, negó cualquier registro de denuncias, afirmando que no había recibido alegaciones formales. Según su declaración, las quejas nunca llegaron a su oficina y, a diferencia de otros casos en que se activó el canal ante la denuncia, no se activó ninguna investigación interna. La respuesta oficial sostiene que el proceso debe empezar con una solicitud explícita de la víctima, por lo que la ausencia de documentación formal no implica ausencia de acusación. Estas palabras provocaron indignación entre las afectadas, que indican que la Secretarías de Organización y Igualdad no las escucharon adecuadamente.
¿Qué impacto ha tenido este caso en la gestión interna del PSOE?
El escándalo de Tomé socava la reputación ya dañada del PSOE tras la crisis de Salazar, generando un vacío de liderazgo en la región y una presión política a nivel nacional. Los analistas políticos, como la profesora Maria López del Instituto de Estudios Políticos, afirman que la percepción de impunidad mina la credibilidad del partido y abre la puerta a reclamos de falta de transparencia. En el Congreso se incrementa la crítica de la opposition, presionando a las autoridades del partido a instaurar mecanismos de denuncia más efectivos y a fortalecer los protocolos de respuesta ante quejas.
¿Cuáles son los plazos y procedimientos habituales para la investigación de acoso sexual en partidos políticos?
Los procedimientos de investigación de acoso sexual en partidos políticos suelen iniciarse con la recepción de la denuncia en el canal interno. El responsable de la unidad de cultura organizacional debe recopilar los hechos, entrevistar a testigos y a la acusada, y designar a un investigador externo si se considera imparcialidad. En el PSOE, la normativa interna exige un plazo máximo de 30 días para iniciar la investigación y 60 días para concluirla, garantizando la confidencialidad. Este marco, basado en la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y los estatutos del partido, permite una gestión transparente y efectiva.
¿Qué medidas pueden tomar las víctimas para protegerse y buscar justicia?
Las víctimas pueden acudir al canal anónimo del partido, pero también a las oficinas de Igualdad o a la Fiscalía de la Audiencia Nacional si el caso lo amerita. Una recomendación de la psicóloga Dr. Ana Pérez es documentar cada incidente con fechas, lugares y pruebas, y buscar apoyo de asociaciones de mujeres para recoger testimonios. Legalerse asesora. Además, pueden solicitar la protección judicial mediante medidas cautelares, y recurrir a la vía social media si necesitan difundir su historia con el fin de sensibilizar a la ciudadanía y ejercer presión interna.
¿Cuál es la opinión de expertos sobre cómo abordar casos similares en el futuro?
El experto en derechos laborales, Miguel Santos, señala que la clave está en reforzar las políticas de denuncia, garantizando confidencialidad y protección legal a las víctimas. Además, recomienda que los partidos adopten un código de conducta firmado por todos sus miembros y establezcan comités independientes que supervisen las investigaciones. También sugiere la creación de una base de datos central que registre cada informe y las medidas adoptadas. Al integrar estas prácticas, el PSOE y otros partidos pueden reconstruir la confianza del electorado y prevenir nuevos abusos.
